Tras varios meses de deliberaciones el gobierno español ha remitido a los grupos parlamentarios un documento en el que expresa su intención de prohibir los anuncios de contactos y locales de prostitución en la prensa escrita y digital. Para ello ha elaborado un proyecto de ley de reforma de la Ley General de Publicidad que persigue modificar los artículos quinto y sexto mediante la adición de nuevos apartados. Se contempla, además, que el incumplimiento de la prohición de publicar este tipo de anuncios se considere una infracción y puedan adoptarse las medidas oportunas: "estarán legitimados para el ejercicio de las acciones de cesación, el Ministerio Fiscal y las organizaciones y entidades jurídicas públicas y privadas que velan por la igualdad entre hombres y mujeres o la protección de los derechos de los menores". Ahora es el turno de los grupos parlamentarios para debatir sobre la conveniencia de aprobar estas reformas, o bien, sugerir las aportaciones que consideren oportunas.

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